El estándar de protección y seguridad plenas es uno de los principios básicos de protección de la inversión aplicable a los arbitrajes entre inversores y Estados.. Su contenido, El alcance de la aplicación y los comportamientos sancionados de los Estados de inversión receptores pueden ser diversos..
Definición doctrinal del estándar de protección y seguridad total
De acuerdo con la doctrina, El estándar de protección y seguridad total cubre la protección contra infracciones físicas y legales del Estado anfitrión dirigidas a inversores extranjeros.. El estándar aparece en fórmulas redactadas de diversas maneras.. Estos varían de los más utilizados ‘protección y seguridad total', a 'la protección más constante', 'protección y seguridad’O‘protección legal completa y seguridad legal completa'.
Debido a su alcance superpuesto, el estándar a menudo se considera parte del estándar más amplio de trato justo y equitativo. Por ejemplo, El TBI Francia-Argentina prescribe que las inversiones realizadas en los territorios de los Estados contratantes recibirán protección y seguridad plenas de acuerdo con un trato justo y equitativo.[1]
El estándar de protección y seguridad total podría clasificarse históricamente en tres etapas diferentes, dependiendo del comportamiento sancionado. primero, esta protección fue contra disturbios, luego contra los abusos de las fuerzas policiales y militares y finalmente proteger a los inversores extranjeros de los actos de las autoridades reguladoras del Estado anfitrión.[2]
Por lo tanto, El estándar de protección y seguridad plenas prevé la sanción de los actos y omisiones de un Estado anfitrión que no haya aplicado medidas razonables y la debida diligencia para evitar infracciones físicas o legales..
Práctica de arbitraje
Como lo indicó el tribunal arbitral en el PSEGv. pavo caso, La norma incluye la seguridad física de las personas y las instalaciones.[3] Los actos sancionados pueden ser realizados tanto por personas privadas como por entidades públicas.. Todavía, no todas las infracciones pueden ser imputables al Estado anfitrión. Como el tribunal arbitral en el DEMÁS caso explicado, la norma no puede entenderse como "la garantía de que la propiedad nunca, en cualquier circunstancia estar ocupado o perturbado".[4]
Frecuentemente, los tribunales arbitrales extienden el estándar de protección y seguridad total a las infracciones legales también.[5] Teniendo esto en cuenta, La conexión entre el estándar de protección total y seguridad y protección legal se ha explicado en CME v. Republica checa:
“El Estado anfitrión está obligado a garantizar que ni mediante la enmienda de sus leyes ni mediante acciones de sus órganos administrativos se retire o devalúe la seguridad y protección acordadas y aprobadas de la inversión del inversor extranjero..“[6]
Para demostrar que se ha producido una violación del estándar de protección y seguridad total, el inversor debe proporcionar pruebas suficientes de que el Estado anfitrión alentó, contribuido o de otra manera no pudo aplicar medidas razonables para proteger los intereses de un inversor extranjero. En muchos casos, los tribunales han descubierto que faltaba este elemento y, por lo tanto,, Se determinó que el Estado anfitrión no era responsable.[7]
Conclusión
Un Estado anfitrión puede ser considerado responsable por el incumplimiento de la norma si no evita una interferencia en una situación que cae dentro de los poderes públicos.[8] sin embargo, una vez que el Estado anfitrión haya aplicado las medidas, su calidad y los objetivos a alcanzar rara vez se cuestionan. De hecho, las medidas que aplica un Estado anfitrión solo pueden ser problemáticas si provocan ‘consecuencias intolerables'.[9] En cualquier evento, las medidas que promulgue un Estado anfitrión deben ser razonables en las circunstancias dadas.[10]
sin embargo, El propósito de la norma no es la regulación de la compensación de daños que ya han ocurrido a inversionistas extranjeros.. De lo contrario, El estándar de protección y seguridad total sirve para alentar a los Estados de acogida a evitar la aparición de daños a los inversores extranjeros mediante la debida diligencia razonable.
1 Francia - Tratado de Inversión Bilateral Argentina, entró en vigor el 13 febrero 1993, artículo 5(1).
[2] R. Dolzer, C. Screamer, Principios del derecho internacional de inversiones, PUO, 2Dakota del Norte edición, 2012, pags. 161.
[3] PSEG mundial, C ª., La Corporación de Carbón de América del Norte, y Konya Ingin Electrik Production and Trade Limited Company. Republica de Turquía, Caso CIADI No. ARB / 02/5, Premio, 19 enero 2007, para. 258.
[4] Elettronica Sicula S.p.A.. (DEMÁS) (Estados Unidos de América v. Italia), Informes de la CIJ (1989) 15, para. 108.
[5] CME República Checa B.V. v. La República Checa, CNUDMI, Premio parcial, 13 septiembre 2001, para. 613; Sempra Energy Internacional v. La república argentina, Caso CIADI No. ARB / 16/02, Premio, 27 septiembre 2007, para. 323; Compañiá de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. v. República argentina, Caso CIADI No. ARB / 97/3 (formerly Compañía de Aguas del Aconquija, SA. y Compagnie Générale des Eaux v. República argentina), Premio, 20 agosto 2007, para. 7.4.15.
[6] CME República Checa B.V. v. La República Checa, CNUDMI, Premio parcial, 13 septiembre 2001, para. 613.
[7] Técnicas Medioambientales Tecmed, SA. v. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. BRA (DE)/00/2, Premio, 29 Mayo 2003, mejor. 176-177; Nobles empresas, C ª. v. Rumania, Caso CIADI No. ARB / 01/11, Premio, 12 octubre 2005, para. 166.
[8] sol. cordero musgo, Protección y seguridad total en UNA. Reinisch (edición), "Normas de protección de la inversión", PUO, 2008, pags. 138.
[9] sol. cordero musgo, Protección y seguridad total en UNA. Reinisch (edición), "Normas de protección de la inversión", PUO, 2008, pags. 139.
[10] ronald s. lauder v. La República Checa, CNUDMI, Premio final, 3 septiembre 2001, para. 308.